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El dato es resultado del estudio realizado por la Fundación Ecológica y Desarrollo (ECODES) sobre el Centro Especial de Empleo de ATADES

Por cada euro en inversión, retorna a la sociedad más de 3,6 euros en beneficios sociales y socioeconómicos proporcionando trabajo digno a personas con discapacidad

Se genera 2 euros adicionales por cada euro recibido de apoyo público en impactos socioeconómicos ligados a la actividad productiva de la empresa social

Identificar y analizar el retorno social y socioeconómico del Centro Especial de Empleo Oliver mediante la aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones) ha sido el objetivo del estudio realizado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). Encargado por la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual-ATADES, el trabajo refleja los resultados del centro a lo largo del año 2018 en el que se destaca que, por cada euro que se invierte en el CEE Oliver, se obtiene un impacto social y socioeconómico de 5,86 euros.

Este resultado, si se lleva a resultados en beneficios a personas y destinatarios, significa que los trabajadores con discapacidad del CEE son beneficiarios de la mayor parte con un 62 % de los impactos sociales y socioeconómicos que se han cuantificado en este análisis. Para las personas con discapacidad, los cambios positivos generados por el empleo protegido en el CEE se focalizan en la inserción socio laboral de un colectivo con muy baja presencia en el mercado laboral formal, así como importantes mejoras en su bienestar, calidad de vida, autonomía y relaciones sociales.

Las familias de los empleados con discapacidad son receptores del 18% de los impactos sociales y socioeconómicos que se han cuantificado durante el proceso de análisis. Estos incluyen beneficios en el ámbito laboral, así como en mejoras en el bienestar de la unidad familiar.

Y las Administraciones Públicas son receptoras del 20% de los impactos socio económicos. Las aportaciones que destinan al CEE en forma de subvenciones de parte de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad y bonificaciones a la Seguridad Social resultan sumamente rentables en términos económicos y socioeconómicos. Los beneficios que redundan en las Administraciones Públicas representan importantes potenciales ahorros para los sistemas de protección social pública.  Estos incluyen ahorros en el pago de pensiones no contributivas y prestaciones por desempleo, así como gastos sociales en recursos alternativos para personas con discapacidad.

En este sentido, por cada 1€ de las Administraciones Públicas para facilitar el funcionamiento de la empresa, CEE Oliver, sus empleados y los trabajadores indirectos de las empresas proveedoras retornan directamente a las arcas públicas 0,85 €, o 851.813€ en total en pago de impuestos de manera que la cantidad neta de inversión por parte de las Administraciones Públicas es de 341.038€. Asimismo, el empleo en el CEE evita unos sobrecostes de las Administraciones Públicas en pago de prestaciones y recursos alternativos que equivalen a aproximadamente 811.327€, o lo que equivale a 0,68€ por cada euro aportado al Centro Especial de Empleo. Si a esto se suman los ingresos directos a través del pago de impuestos, se retornan aproximadamente 1,39€ por cada euro de aportación pública al CEE en impactos económicos y socioeconómicos.

Los datos se daban a conocer esta mañana en rueda de prensa que ha tenido lugar en el Centro Especial de Empleo Oliver y al que han asistido el presidente de ATADES. Jesús Soto; el gerente de ATADES, Félix Arrizabalaga; el director del CEE Oliver, Roberto Fondevill; el trabajador del Centro Especial de Empleo Oliver Juan González; el presidente de ECODES, José Ángel Rupérez; autor del informe y responsable de Evaluación y Medición de Impacto de ECODES, Charles Castro; director gerente del INAEM, Raúl Camarón, y la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón.

Para ATADES es “imprescindible” este tipo de estudios para “conocer los impactos de las inversiones” y ver “cómo generar bienestar a los diferentes colectivos vinculados al Centro Especial de Empleo de Oliver”, ha explicado su gerente, Félix Arrizabalaga. En este sentido, ha destacado el efecto “importante en las familias” de los trabajadores y, como, el resultado del informe “facilita tomar decisiones estratégicas y ser más eficiente en el valor social de centro; así como la importancia que supone -sus resultados- para las alianzas trasversales”. A lo que ha añadido, que el estudio también sirve para “asentar el valor social”.

El autor del informe, Charles Castro, ha destacado que “este estudio, basado en una metodología con reconocimiento a nivel internacional, sitúa a ATADES en la vanguardia en la adopción de métricas de desempaño alternativas que reflejan la necesidad de complementar indicadores tradicionales de rentabilidad económica con unos que reflejan el valor social creado para la sociedad”. En este sentido, destaca que “los resultados del estudio también demuestran la necesidad de cambiar la cultura en las administraciones públicas para reconocer que las aportaciones económicas de apoyo para empresas sociales como CEE Oliver no se deben considerar como un mero gasto público, sino más bien una inversión social que genera una serie de retornos para el erario público y para la sociedad”.

En el acto también ha intervenido el trabajador del centro Oliver, Juan González, quién ha recordado lo “duro” y “difícil” que fue encontrar “un empleo digno”. En Oliver lleva trabajando cinco años y cuatro meses y “desde entonces todo ha sido diferente. Me siento muy bien, me entienden, me valoran, me respetan y me cuidan, a mí, y al resto de compañeros y compañeras”. “Desde que trabajo aquí, he empezado a sentir que era útil en el trabajo, no como en situaciones anteriores”. Para Juan y sus compañeros, es importante “tener un trabajo digno y adaptado a nuestras discapacidades, es un derecho y una oportunidad para valorar todo el talento que somos capaces de aportar y todo esto lo cuidan, especialmente, en el Centro especial de Empleo Oliver”.

La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, ha apuntado a este tipo de centros como «fiel ejemplo del buen funcionamiento de la colaboración público-privada». Gastón ha recordado que “el INAEM destina más de 17 millones de euros cada año al apoyo del empleo de las personas con discapacidad”. En concreto, “el centro Oliver recibió en 2018 -año de elaboración del estudio- 1,19 millones de euros”, ha apuntado.

Tras la rueda de prensa se ha visitado las instalaciones del Centro Especial de Empleo Oliver.

Impacto por grupo de interés

Los principales grupos de interés del Centro Especial de Empleo Oliver son sus trabajadores con y sin discapacidad, familias de los trabajadores con discapacidad, las Administraciones Públicas y empresas, tanto proveedoras como clientes.

Para los trabajadores con discapacidad intelectual de Oliver, los principales impactos sociales y socioeconómicos que se obtienen son los de inserción laboral, inclusión social, bienestar material, estabilidad laboral y mejoras en bienestar, autonomía e independencia y relaciones sociales.

En el caso de los trabajadores sin discapacidad los principales impactos se centran en la generación y/o mantenimiento de empleo, satisfacción personal y una mayor sensibilización sobre la discapacidad.

Por su parte, para las familias con trabajadores con discapacidad intelectual en Oliver, les ha permitido reincorporarse al mercado laboral y mejorar tanto su bienestar emocional como las relaciones sociales.

Impactos en los ingresos, a través del pago de impuestos y tributos, y ahorros en prestaciones y recursos alternativos, son los principales beneficios que les ha reportado el CEE Oliver a las Administraciones Públicas.

Respecto a las empresas proveedoras, el impacto se ha centrado principalmente en la generación de empleo indirecto y a las empresas clientes, en el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, cumplir con compromisos de responsabilidad social corporativa y alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y mejoras en la reputación corporativa.

Empleo protegido

Además, el estudio arroja que el empleo protegido ofrecido por CEE Oliver genera valor social, económico y socioeconómico de más de dos veces las aportaciones realizadas para facilitar la integración socio laboral de personas con discapacidad. Tal es así que por cada euro (1€) en “inversión” para lograr la inserción socio laboral de personas con discapacidad, CEE Oliver retorna a la sociedad aproximadamente 3,64€ en beneficios sociales y socioeconómicos ligados a su objetivo principal de proporcionar a las personas con discapacidad un trabajo digno.

Los resultados de este estudio constituyen una herramienta clave para identificar, entender, medir y analizar el retorno social y socioeconómico que genera la inversión en CEE Oliver que posibilita la creación de empleo para personas con discapacidad.

Fuentes de información

Para recopilar información y datos cuantitativos sobre la naturaleza, intensidad y magnitud de estos beneficios, se han utilizado varias fuentes como el análisis y explotación de los datos de carácter económico-financiero y de recursos humanos aportados por CEE Oliver; encuesta con una muestra de los empleados con discapacidad del CEE Oliver administrada durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 y en la participaron 107 empleados con discapacidad y encuesta con una muestra de familias de los empleados con discapacidad del CEE Oliver en la que participaron 50 familias. El informe se basa en los datos e informaciones que han sido facilitados por la empresa y complementados con los recogidos durante la fase de trabajo de campo cualitativo de estudio.

 Centro Especial de Empleo Oliver

El Centro Especial de Empleo Oliver S.L fue creado mediante escritura de constitución el día 11 de septiembre del 2001. Desde finales de los años 70, funcionó como talleres ocupaciones, prestando servicios a la antigua LACKEY (hoy TEKA).

Desde el 15 de septiembre de 1987 se registró como Centro de Empleo Protegidos de la Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo, estando dentro de ATADES.

Con fecha 1 de octubre de 2001, adquirió personalidad jurídica propia, se segregó de ATADES y fue una Sociedad Limitada Unipersonal (SLU).

Actualmente, cuenta con una plantilla media de 215 trabajadores, de los cuales 91 con discapacidad intelectual, 89 con otros tipos de discapacidad (mental, sensorial, física) y 35 trabajadores normalizados que posibilitan el desarrollo de procesos industriales con diferentes grados de dificultad a los que son asignados los trabajadores en función de sus capacidades y aptitudes.

Dispone de 5 naves de producción y dos almacenes con muelle de carga y descarga, un total de 2.700 m2 conforman el espacio de trabajo, donde se engarzan 6 líneas de producción donde se montan a diario unas 1.600 puertas y 1.700 frontales de mandos para los hornos de TEKA, y trabajando con otro tipo de montajes industriales para clientes de primer nivel en el ámbito industrial como BALAY, ABB, IBERNEX, RB-COMPONENTE o GIRBAU.

Retorno Social de Inversión (SROI)

El Retorno Social de la Inversión, (SROI en sus siglas en inglés), ha sido la metodología elegida para este análisis. Se trata de un método basado en principios de medición del valor Extra financiero, es decir el valor social, económico y ambiental que actualmente no se refleja en la contabilidad financiera convencional en relación con los recursos invertidos en una organización, proyecto o iniciativa. Asimismo, el proceso sirve para identificar formas de mejorar la gestión de las actividades y el rendimiento de los recursos invertidos en una determinada organización, iniciativa o proyecto en curso.

El análisis SROI ofrece un enfoque cuantitativo para entender y gestionar los impactos de un proyecto, negocio, u organización. En términos generales, por impacto entendemos la influencia o el efecto que tiene en nuestra sociedad el desarrollo de una acción o actividad (como, por ejemplo, una organización, CEE, servicios, etc.). El SROI es una metodología de evaluación de impacto social que se concreta en una ratio que compara el valor social en términos monetarios generado por una iniciativa con los recursos que se destinan a lograr el impacto.